Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo se convirtió en uno de los principales símbolos de la crisis de vivienda en España, murió este miércoles en Madrid, después de permanecer hospitalizada desde que fue expulsada de su casa el pasado 23 de septiembre.
Abascal había vivido durante más de siete décadas en una vivienda ubicada en el distrito madrileño de Retiro. Su desalojo, ejecutado después de varios intentos anteriores, provocó una fuerte reacción social y dio impulso a movilizaciones en distintas ciudades españolas para reclamar medidas frente al aumento de los alquileres, los desalojos y las dificultades para acceder a una vivienda.
Un desalojo que desencadenó protestas
El 23 de septiembre, Maricarmen fue retirada de su vivienda en camilla y trasladada al Hospital Gregorio Marañón. Las imágenes de su salida, rodeada de manifestantes que intentaban impedir el desalojo, se difundieron ampliamente y convirtieron su caso en un emblema de las reivindicaciones por el derecho a la vivienda.
La mujer contaba con un contrato de alquiler antiguo. Tras la adquisición del inmueble por parte de la empresa propietaria, se planteó la finalización de ese contrato y se exigió una nueva renta que Maricarmen no podía asumir. Pese a los intentos de negociación y a varias iniciativas para evitar el desalojo, el lanzamiento finalmente se concretó en el cuarto intento.
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Su situación también generó cuestionamientos desde organizaciones defensoras de los derechos humanos. Amnistía Internacional consideró que el desalojo vulneraba los derechos de una persona vulnerable y señaló que se había ejecutado pese a medidas cautelares solicitadas ante Naciones Unidas.
De su caso a una movilización nacional
Tras el desalojo, miles de personas salieron a las calles de Madrid y de otras ciudades españolas para reclamar soluciones a la crisis habitacional. En la capital, las movilizaciones derivaron en una acampada en la Puerta del Sol, donde los manifestantes mantuvieron durante días sus reclamos por el acceso a una vivienda asequible y contra los desalojos
El Gobierno de Pedro Sánchez impulsó posteriormente dos decretos relacionados con la vivienda. Entre las medidas se contemplaban mecanismos de protección frente a determinados desalojos de personas vulnerables y modificaciones destinadas a intervenir sobre el mercado inmobiliario. Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazadas por el Congreso de los Diputados.
La situación se produjo además en un contexto de creciente tensión política. Tras el rechazo parlamentario de las medidas, Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre.
El acuerdo llegó, pero demasiado tarde
En medio de las protestas, la empresa propietaria de la vivienda alcanzó un acuerdo que permitía a Maricarmen regresar a su casa con una renta que no superara el 30% de sus ingresos netos. Sin embargo, el pacto llegó cuando la mujer ya permanecía hospitalizada y su estado de salud era delicado.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid confirmó su fallecimiento y destacó el papel que tuvo en las movilizaciones por la vivienda. Desde la organización señalaron que el acuerdo que le habría permitido volver a su hogar llegó demasiado tarde.
La muerte de Maricarmen volvió a generar concentraciones en Madrid, donde manifestantes se reunieron frente al Congreso y en la Puerta del Sol para rendirle homenaje y reclamar nuevamente medidas frente a la crisis habitacional.
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Su historia, iniciada con la lucha por conservar el hogar en el que pasó gran parte de su vida, terminó convirtiéndose en el rostro de un reclamo mucho más amplio: el acceso a una vivienda y la protección de quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad ante los desalojos.
